E1 2 de junio de 2026 entró en vigor el Pacto Europeo sobre Migración y Asilo, adoptado por la Unión Europea en 2024, que introduce una importante reforma del sistema europeo de gestión de la migración. Los objetivos declarados del Pacto son mejorar la eficiencia de los procedimientos de asilo y reforzar la solidaridad entre los Estados miembros. Sin embargo, al igual que muchas ONG y organizaciones internacionales, consideramos que varias de sus disposiciones podrían dificultar que las personas que reúnen los requisitos para recibir protección internacional obtengan el estatuto de refugiado.

Uno de los aspectos más controvertidos del Pacto es la introducción de procedimientos fronterizos acelerados. Las solicitudes presentadas por nacionales de países con bajas tasas de reconocimiento pueden examinarse con gran rapidez. Aunque su objetivo es aumentar la eficiencia, estos plazos reducidos pueden limitar la capacidad de los solicitantes para recabar pruebas justificativas, obtener asistencia jurídica adecuada y preparar debidamente sus solicitudes de asilo.

El Pacto también amplía la ficción jurídica de la «no entrada». Se considera que los solicitantes cuyas solicitudes se tramitan en la frontera, desde un punto de vista jurídico, aún no han entrado en el territorio de la Unión Europea, aunque se encuentren físicamente presentes en un Estado miembro. En consecuencia, pueden quedar en un limbo jurídico, con garantías procesales más limitadas, y se les puede exigir que permanezcan durante largos períodos en centros de acogida cerrados o semicerrados.

Otro elemento controvertido es el uso más amplio de los conceptos de «tercer país seguro» y «país de origen seguro». Si un solicitante puede ser trasladado a un país considerado seguro, es posible que la solicitud de asilo no se examine en cuanto al fondo. La evaluación de la seguridad de un país puede basarse en criterios generales sin tener debidamente en cuenta las circunstancias personales y las necesidades de protección del individuo.

El Pacto también refuerza el proceso de selección preliminar antes de que los solicitantes tengan acceso al procedimiento de asilo. Durante esta fase, las autoridades llevan a cabo controles relacionados con la identidad, la seguridad y la vulnerabilidad. Estos controles pueden convertirse en un obstáculo que restrinja el acceso efectivo a los procedimientos de protección internacional.

Además, el Pacto prevé una recopilación más amplia de datos biométricos, incluidas huellas dactilares e imágenes faciales, incluso de menores de edad más jóvenes que los contemplados en el sistema anterior. Aunque el objetivo declarado es mejorar la identificación, tememos que estas medidas hagan mayor hincapié en el control de la migración que en la protección de los solicitantes de asilo.

El Pacto introduce un nuevo mecanismo de solidaridad entre los Estados miembros, pero mantiene el principio de que el Estado miembro de primera entrada es, por regla general, el responsable de examinar una solicitud de asilo. Esto sigue suponiendo una carga desproporcionada para los países situados en las fronteras exteriores de la UE y puede fomentar la adopción de procedimientos más rápidos y menos exhaustivos en situaciones de elevada presión migratoria.

El Reglamento Eurodac revisado amplía la información registrada sobre los migrantes y su intercambio entre los Estados miembros. Junto con un mayor recurso a la detención durante los procedimientos fronterizos, estas medidas dificultan que los solicitantes puedan presentar una solicitud de asilo posterior en otro Estado miembro. La detención puede afectar negativamente a la capacidad de los solicitantes para preparar adecuadamente sus solicitudes de asilo y para obtener asistencia jurídica efectiva.

Nos preocupa la ampliación de los procedimientos simplificados para los solicitantes procedentes de países con bajas tasas de reconocimiento de la protección internacional: el recurso a criterios estadísticos puede perjudicar a las personas que tienen motivos personales genuinos y bien fundados para solicitar asilo, independientemente de su país de origen.

El Pacto también refuerza la cooperación con terceros países en los ámbitos de la gestión de fronteras y los retornos. La externalización de la gestión de la migración puede reducir el acceso al territorio europeo y, en consecuencia, limitar la capacidad práctica de las personas para ejercer su derecho a solicitar asilo.

Organizaciones como el ACNUR, Amnistía Internacional, Human Rights Watch y el Consejo Europeo para los Refugiados y los Exiliados (ECRE) reconocen algunos aspectos positivos de la reforma, entre ellos un marco jurídico más armonizado en toda la Unión Europea y mecanismos mejorados para responder a situaciones de crisis. No obstante, advierten de que el mayor énfasis en el control fronterizo corre el riesgo de prevalecer sobre la protección efectiva de los refugiados.

El Pacto no modifica la definición jurídica de refugiado, ni suprime el derecho a solicitar asilo. Sin embargo, al introducir procedimientos acelerados, mecanismos de selección más estrictos, un uso más amplio de los conceptos de «países seguros», una mayor recopilación de datos biométricos y una cooperación más estrecha con terceros países, podría aumentar el número de solicitudes que se declaren inadmisibles o se rechacen. En la práctica, estas medidas podrían dificultar a muchas personas la obtención del estatuto de refugiado, aunque, en principio, cada solicitud debería seguir evaluándose de forma individualizada, de conformidad con la legislación de la Unión Europea y las obligaciones internacionales de los Estados miembros en virtud del Derecho internacional de los refugiados y de los derechos humanos.

Basilio Buffoni

Noi Siamo Chiesa